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Nuestro sistema de vivienda no funciona. Más de 85 millones de personas en la Unión Europea se ven sobrecargadas por los costes de la vivienda. Demasiadas personas viven en hogares de mala calidad o degradados. Las listas de espera para obtener viviendas sociales y asequibles no dejan de aumentar. La pobreza energética, los desahucios y la carencia de hogar se ciernen amenazadoramente sobre la vida de millones de ciudadanos. Y estas desigualdades, ya graves, están empeorando con la COVID-19.
Ha llegado el momento de resolver nuestra crisis de la vivienda. El bienestar común de nuestra Unión depende de ello. Ha llegado el momento de replantear la agenda política de la UE para dar a la vivienda el lugar que se merece.
Una vivienda es más que una dirección postal, es el entorno en el que vivimos, amamos, construimos nuestro futuro y, cada vez más, trabajamos. Es un punto de anclaje para acceder al empleo y otras oportunidades. Es un espacio para descansar y tomarse un respiro tras las presiones de la vida cotidiana. Una vivienda, una vivienda de buena calidad y asequible, debería ser un derecho para todos los ciudadanos mediante la aplicación de un modelo universal de vivienda. Si logramos este objetivo, podemos dar un paso significativo para garantizar la igualdad de oportunidades y el aumento de la cohesión social en nuestra Unión.
La vivienda debe convertirse en una de las máximas prioridades de la Unión Europea y todas sus políticas deben contribuir a una vivienda digna y asequible para todas y todos. Los compromisos recogidos en el pilar europeo de derechos sociales no deben quedar en una mera declaración de intenciones. Los objetivos sociales, que capaciten a nuestros ciudadanos para participar en la creación de su entorno vital, incluida la asequibilidad de la vivienda, deben ser una prioridad en la aplicación de la Agenda 2030 en la UE. Los objetivos en materia de vivienda deben tener la misma fuerza jurídica que los objetivos ecológicos, el saneamiento presupuestario y la estabilidad financiera.
La inversión en vivienda asequible será rentable. Es un instrumento clave en la lucha contra la exclusión social y la segregación territorial; contribuye a crear espacios de vida inclusivos y a alcanzar los objetivos climáticos (la vivienda representa el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE); y tiene un impacto positivo en la economía local.
Creemos en una Europa más cohesionada que proteja a la población garantizando a todos los ciudadanos y ciudadanas un lugar digno para vivir, en particular a los grupos vulnerables. Creemos que podemos mitigar la crisis climática, en asociación con nuestros ciudadanos y comunidades, construyendo un sector de la vivienda que ofrezca viviendas eficientes desde el punto de vista energético. A nivel local y regional, creemos que debemos hacer todo lo posible por promover las comunidades inclusivas y la cooperación innovadora en materia de vivienda.
Pedimos a la Unión Europea y a sus Estados miembros:
- un Pacto Europeo en favor de la Vivienda con un sistema sólido de seguimiento de las cuestiones relativas a la vivienda a escala europea y nacional que incluya a los entes locales y regionales;
- más inversiones en viviendas asequibles y sostenible para corregir el déficit de inversión de 600 000 millones EUR en la última década, con el fin de construir nuevos alojamientos, reducir la huella de carbono mediante la renovación y crear barrios habitables junto con nuestros ciudadanos;
- un compromiso claro de que toda inversión pública en vivienda debe conducir a un mercado de la vivienda más justo, con inversiones unidas a condiciones vinculantes como la seguridad de la tenencia y la asequibilidad;
- el fin de las medidas de austeridad, a fin de permitir a las autoridades nacionales, regionales y locales liberar el potencial de inversión en vivienda para que puedan aumentar la oferta de viviendas sociales suficientes, adecuadas y asequibles para todas y todos (el umbral de referencia para la tasa de sobrecoste de la vivienda no debe ser superior al 25 % de la renta disponible de un hogar);
- un cambio en las ayudas estatales y en las normas contables y de auditoría de la UE, así como una integración de la vivienda en la lista de servicios de interés económico general, para poder desarrollar políticas globales en materia de vivienda;
- un marco europeo para regular el impacto negativo de las plataformas digitales en los mercados de la vivienda;
- un compromiso europeo para luchar contra la especulación y el blanqueo de capitales en el mercado de la vivienda mediante un registro de transparencia y el establecimiento de sistemas locales de control de los precios de alquiler, así como la regulación del mercado inmobiliario;
- la inclusión de la asequibilidad de la vivienda en el Semestre Europeo y en los programas nacionales de reformas, y
- un seguimiento de las recomendaciones de la Asociación sobre la Vivienda de la Agenda Urbana de la UE a la hora de configurar futuras políticas de la UE relacionadas con la vivienda.
Signatarios:
Christophe Rouillon, presidente del Grupo PSE en el Comité Europeo de las Regiones, Alcalde de Coulaines
Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo S&D en el Parlamento Europeo
Sergei Stanichev, presidente del Partido de los Socialistas Europeos
Heléne Fritzon, diputada al Parlamento Europeo
Agnes Jongerius, diputada al Parlamento Europeo
Estrella Durá Ferrandis, diputada al Parlamento Europeo
Manuel Pizarro, diputado al Parlamento Europeo
Maria João Rodrigues, presidenta de la Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS)
Lásló Andor, secretario general de la Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS)